Tipos de Indicadores

Una propuesta metodológica para el sistema de monitoreo[1]

TIPO DE INDICADORES:

Estructurales
De proceso
De resultado
Buscan tantear qué medidas dispone el Estado para implementar los derechos humanos.
Este tipo de indicador busca si existen o si se han adoptado medidas destinadas a la implementación de DDHH, y en ocasiones pueden llegar a incluir información sobre las características principales de esas implementaciones.
Este tipo de indicador es de naturaleza de respuestas sobre los positivo y lo negativo, no necesita de base de referencia generalmente.
Buscan medir la calidad y magnitud de los esfuerzos del Estado para implementar los DDHH.
Este tipo de indicador se logra con la medición sobre los alcances, sobre la cobertura existente, sobre el contenido de las estrategias, sobre las políticas aplicadas y sobre las intervenciones específicas.
Ayudan a vigilar directamente la aplicación de las políticas públicas, ofreciendo también información sobre la variación en los niveles de calidad durante un período de tiempo determinado.
Este tipo de indicador es dinámico y evolutivo.
Buscan medir el impacto real de las intervenciones que ofrece el Estado.
Evalúan como impactan esas acciones públicas que llevan a los aspectos que definen los grados de efectividad sobre este tipo de derechos.
Se trata de una medida cuantitativamente comparable, ya que la mejora en los indicadores de resultado puede ser un indicio de la adecuación de las medidas adoptadas y de mejoras.
Sin embargo este tipo de indicador, al tratarse de un indicador lento, puede mostrar retroceso ya que los resultados pueden deberse a circunstancias no atribuibles a la acción del Estado. En estos casos es recomendable realizar una especificación de categoría para reflejar los cambios momentáneos que un indicador de resultado no logra evaluar. (Indicador de proceso.)

Como se evidencia brevemente en la tabla, los diferentes indicadores ordenan y analizan diferentes aspectos relacionados a la implementación sobre las políticas públicas de los derechos humanos adoptados por el  Estado. Es por esta misma razón que es necesario fusionar y utilizar todos los tipos de indicadores para poder  contar con una evaluación integral y completa. Así obtenemos tres categorías conceptuales que responden a  los tipos de indicadores ya explicados previamente.
Recepción del derecho
Capacidades estatales
Contexto financiero básico y compromiso presupuestario
Este tipo de categoría trabaja sobre el sistema legal, sobre el aparato institucional y sobre las políticas públicas.
Se procura encontrar información relevante sobre la forma en que un derecho se encuentra incorporado.
Busca relevar el nivel. (Es decir las normas que lo reconocen, la operatividad y la jerarquía normativa.)
Se busca relevar información sobre el alcance de ese reconocimiento. (Esto es el grado de precisión, y los estándares exigibles.)
Se analizan las condiciones para su ejercicio. ( Si se lo considera un derecho operativo o no y a quien le es exigible.)
Y, las garantías o vías de reclamo disponibles en caso de incumplimiento.

Aspecto técnico instrumental.
Implica revisar de qué manera y bajo qué parámetros el Estado resuelve el conjunto de cuestiones socialmente problematizadas.
Implica analizar las relaciones interinstitucionales, la división de tareas, la capacidad financiera y las habilidades de los recursos.
Busca recuperar aspectos centrales que den cuenta de la materialización de la voluntad política del Estado.
Esta categoría persigue además como objetivo evaluar con mayor complejidad los problemas que enfrenta el Estado para cumplir las obligaciones.
Un aspecto relevante para medir las capacidades estatales es la existencia de organismos de control, dentro de la estructura estatal; como así también captar la información relativa a la accesibilidad de los servicios (refiriéndose al acceso físico, la publicidad y la pertinencia cultural.)
Finalmente es importante destacar una nota sobre la fragmentación dentro de los diferentes niveles de la administración del Estado, ya que la distribución de competencias así como las responsabilidades entre las distintas instancias de gobierno muestran la realidad de la falta de comunicación e integración del Estado.
Proceso de medición y de evaluación que alude a la disponibilidad efectiva de recursos del Estado para ejecutar el Gasto Público Social, y su distribución.
Dentro de la categoría de Contexto financiero básico se encuentra la de compromiso presupuestario, donde ambas comparten la misma jerarquía dentro de una misma categorización.
La última nombrada se encarga de evaluar la importancia que el propia Estado le esta asignando al derecho en cuestión.
Actúa en forma complementaria a la medición de capacidades estatales.
Tiene como efecto la actuación de medida regresiva.



Una breve conclusión…
“… Aunque fueran muchas las categorías que se consideran, y en múltiples los aspectos conceptuales que pretendan desagregarse en su análisis, nunca podrán abarcarse todas las cuestiones atinentes al grado de efectividad de un derecho. Por esta razón resulta conveniente limitar el número de categorías a aquellas que sean más relevantes en el derecho considerado, y en función de las metas de cumplimiento establecidas…”[2]  


[1] Abramovich, Víctor. Lineamientos Para La Elaboración De Indicadores De Progreso En Materia De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales =: [guidelines for Preparation of Progress Indicators in the Area of Economic, Social and Cultural Rights]. Washington, D.C.: Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2008. Print.
[2] Ibíd.